La deuda de Ramón Barrios
Lunes, 8 agosto 2011
Imangen de Ramón Barrios cedida por su familia.
Ramón Barrios Serrano no era un delincuente, aunque sí había cometido alguna travesura que le hizo traspasar los límites de la Ley en alguna ocasión. Fue en la adolescencia; esa edad en la que no eres nadie, pero te crees intocable. Aquella sensación, quizás, fue lo que le dio las alas para cometer un hurto que la Policía fichó. Su expediente se durmió en los juzgados y regresó a su vida a los 18 para pasarle factura. A esa edad, el niño ya era un muchacho, con novia, estable, muy unido a su hermana Mari y a sus sobrinos, a los que ella le confiaba. El juez estableció la sanción: o abonaba 300 euros o pasaba 12 fines de semana en el centro de Internamiento de menores Teresa de Calcuta, situado a 40 kilómetros de Madrid, en la localidad toledana de Brea del Tajo, y sin acceso por transporte público. Ramón, que pertenecía a una familia humilde de Villaverde Alto, en Madrid, eligió saldar su deuda con la Justicia sin cheques. “Él quería borrar su historial; quería estar limpio”, afirma su familia. Aquella decisión le costó la vida.
Según su familia, iba contento a cumplir su castigo. El primer fin de semana no le resultó difícil. Le recogían los viernes en Conde Casal y le devolvían los domingos por la tarde. El segundo, aseguran, los conductores lo dejaron tirado en la puerta del recinto. Ramón no llevaba dinero y decidió atravesar aquel campo que se extendía ante sus ojos hasta que llegara a algún sitio. Una hora después, llegó a un pueblo. Allí, un hombre le prestó su teléfono para avisar a su familia. ¿Por qué le habían dejado tirado? Al parecer, según el relato del menor, los trabajadores del centro le habían castigado tras sorprenderle fumando un cigarrillo en su habitación.
El siguiente viernes, el 8 de julio, su familia tuvo que acercarlo al centro. Al llegar allí, según relatan algunos testigos, uno de los trabajadores le dijo: “Ahora sí que vas a saber cómo se trata a los perros”. Al día siguientes, sobre las doce del mediodía, una psicóloga acompañada por dos hombres se personaron en el domicilio de Esther Serrano, la madre de Ramón. Sus caras lo decían todo y nada. Según su versión, Ramón había sufrido un desmayo a las 3:00 de la mañana. Minutos antes le había dado el tiempo suficiente para pedir ayuda por el telefonillo de la habitación. Después, cayó desplomado. Los médicos no consiguieron reanimarle. Tampoco los facultativos de la ambulancia que llegaron unos quince minutos después. Ramón ya había fallecido. A la misma hora que ellos recibían la noticia, los forenses realizaban la autopsia.
La familia no creía lo que les narraban. Al día siguiente, decidieron ir al centro a hablar con el director. Nadie salió a hablar con ellos. Nadie se molestó en arrojar un poco de luz en aquella muerte sobrevenida con unas cuantas palabras. Tras una larga espera en la calle, Sixto, el tío del fallecido, gritó reclamando justicia y explicaciones. No sirvió. Nadie salió. Aquello se asemejaba a una broma de mal gusto. Las oscuras circunsatancias de su muerte ganaban terreno y la indignación sustituía a la sorpresa por su repentina muerte. La familia decidió acudir a la Guardia Civil e interponer una denuncia. Según los agentes, la autopsia aún no se había practicado.
Lo peor aún estaba por llegar. La impotencia podía con ellos. Al día siguiente, acudieron a los juzgados de Arganda del Rey. Querían a ver a Ramón. Querían ver su cuerpo, pero todo eran dificultades. Allí comprobaron que la autopsia se había realizado el sábado y que se podían llevar a Ramón al Tanatorio Sur. Luego, también podrían verlo pero todo eran excusas. Y vuelta a esperar. “En el tanatorio Sur podrán verle. Allí estará maquillado”, les dijeron. Los familiares pidieron al juzgado el parte de la ambulancia que le había asistido. Los funcionarios del juzgado sólo les proporcionaron un Informe del Avance de la Autopsia en el que determinaba la hora de la muerte entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, (no las 3:00 como había indicado la psicóloga), que el cuerpo no tenía síntomas de violencia y que la muerte había sido producida por una “parada cardio-respiratoria” aunque la causa de su fallecimiento aun estaba por determinar.
Una vez trasladado, y pasadas unas horas, lo vieron. La pintura que cubría su piel empezaba a desaparecer. Según ocurría, quedaban al descubierto lo que parecían algunos signos de posible violencia. Según describen, los ojos estaban morados y parecían haber sido golpeados, el cuello tenía marcas de arañazos, en la mitad derecha de su rostro tenía un gran hematoma, las orejas marcadas y la mandíbula hundida hacia dentro. “Eran las marcas de una paliza. Una parada cardio-respiratoria no hace aflorar esas heridas”, afirma Mari.
Aquellas huellas en su rostro motivaron que la familia paralizase la incineración y se dirigiera al juzgado para solicitar una segunda autopsia. A la vista de las fotografías aportadas por la familia, la juez encargada del caso ya ha autorizado un segundo informe forense. La familia se siente engañada, humillada y, sobre todo, deseosa de saber las circunstancias exactas del fallecimiento. Las explicaciones son de todo tipo. Según el centro, aquella tarde Ramón no se encontraba en condiciones de internar. La familia niega dichas acusaciones y aseguran que tanto ellos como algunos vecinos estuvieron con él aquella tarde y Ramón se encontraba perfectamente. También planea la duda de un paro cardiaco por sobredosis. Sus familiares también niegan la mayor. Las únicas drogas que tomaba eran ocasionalmente unos porros de hachís pero, según su versión, el joven no consumía drogas, fármacos y, ni siquiera, alcohol.
Fachada del Centro de ejecución de Medidas Judiciales, Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid). / ginso.org
El centro está gestionado por Ginso desde noviembre de 2005 según un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas aproximadamente en un 73%. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado.En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ginso es una de estas asociaciones. Según refiere su propia web, la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) se creó desde el convencimiento de que, con el desarrollo de un proyecto profesional cualificado, es posible conseguir la inserción social de los menores infractores. También señalan que en febrero de 2004, la asociación recibió el galardón de la bandera de Andalucía por su trabajo diario, entrega y dedicación en la reeducación y resocialización de menores en centros de reforma y por su apuesta decidida por la formación y la reinserción laboral de los menores/jóvenes internados en sus centros. Lo que obvia es que en febrero de ese mismo año la Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, publicó un informe “¿Qué está pasando con los centros de menores?” en el que cuestionaba su labor en dos centros: el de Marchenilla, en Cádiz, con 45 denuncias, y el de Tierra de Oria en Almería con 7. Las denuncias eran muy variadas: denegación de acercamiento, falta intimidad, rigidez de su reglamento, maltrato físico y psicológico… Todas ellas interpuestas antes de la firma del convenio con la Comunidad de Madrid para regentar el Teresa de Calcuta y que parece que no afectó a la hora de recibir la concesión.
La batalla de la familia de Ramón ahora está en los tribunales. Para ellos, su muerte ha sido una venganza de los funcionarios del centro. Querían darle un escarmiento y se les ha ido de la mano. De momento, solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad, recabarán testimonios de otros internos y de los propios trabajadores del centro. Y cuentan con un testimonio de un interno anónimo que les guía en los pasos que deben dar. El “confidente”, al conocer el fallecimiento de Ramón, quiso ayudarles para que la muerte no quedara impune. Según su testimonio, su muerte es consecuencia del sistema de reducción que usan funcionarios ‘sin cualificación’ de este centro. Su voz tiene credibilidad. Habla desde la experiencia de quien ha pasado por lo mismo. “A mí casi me matan. Perdón, muero”, afirma. “Conozco a la perfección el procedimiento de estas personas que, para reeducar, matan legalmente cobrando un sueldo. Ellos saben que muchos de los internos no tienen estudios, no se defenderán y no se les escuchará. No les pasará nada”. El joven sin nombre asegura reconocer en las señales de Ramón las mismas que sufrió su piel y da instrucciones a la familia para detectar los malos tratos. “Revisen su cuerpo y en sus tobillos hallarán síntomas de haber sufrido esguinces. Los arañazos del cuello y de las orejas son causados al estar tumbado boca abajo en la cama con los ‘carceleros’ sobre él doblándole los brazos hacia la nuca. De ahí el hematoma de la cara, causado al presionar de dolor la cara sobre la almohada. Eso hace que uno se asfixie; si no paran, pueden matarte. Pero …siempre paran antes, y vuelta a empezar. Siempre alegan que el menor estaba agitado y se ha autolesionado cuando intentaban tranquilizarle. De hecho, si piden antecedentes de otras contenciones comprobarán que el procedimiento es el mismo. Siempre la misma causa; agitación violenta, nerviosismo…y, como consecuencia de la contención, señales producto del forcejeo. Los afectados repetirán la misma historia. No intenten hablar con los trabajadores: se habrán ido curiosamente todos de vacaciones y ninguno hablará”.
El confidente acusa a la dirección del centro de usar la violencia como única arma para doblegar la conducta de los menores. “No sirve. Se crea rencor en el interno y se le inculca odio. Los menores no son asesinos”. La familia ni perdona ni olvida. El olvido sería una segunda muerte. Por eso, y mientras no se resuelvan las circunstancias de su muerte, saldrán a la calle a pedir justicia. Hoy sábado, 6 de agosto, a dos días de cumplirse un mes desde su muerte, estarán en la Plaza de Callao, en Madrid, a las 18.00 h. Lo hacen por Ramón y por otros. “No se merecen que sean golpeados, ni que se les duerma a pastillas o con tratamientos que no suscribe ningún médico” , concluyen.
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